El Gobierno federal ha formalizado la cesión de 36 hectáreas en territorio sonorense para la construcción de una terminal de gas licuado vinculada a intereses de Estados Unidos. La decisión, que busca fortalecer la infraestructura energética regional, ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones civiles y especialistas en medio ambiente.
El proyecto, conocido como Amigo LNG, se ubica en una zona estratégica que, según los expertos, alberga uno de los ecosistemas marinos más biodiversos y frágiles de México. La preocupación principal radica en la alteración de los flujos costeros y la posible contaminación derivada de las operaciones industriales a gran escala.
Impacto ambiental y resistencia
Ambientalistas han señalado que la instalación de esta terminal podría comprometer la salud de las especies locales y la economía de las comunidades pesqueras que dependen de la zona. La falta de una consulta pública exhaustiva es uno de los puntos que más ha generado fricción entre los sectores involucrados.
"La preservación de nuestros ecosistemas marinos no debe ser sacrificada por proyectos de infraestructura que priorizan el beneficio extranjero sobre la soberanía ecológica", declararon representantes de grupos ambientalistas.
Las autoridades federales, por su parte, defienden la obra argumentando que el desarrollo energético es vital para la competitividad del estado y la creación de empleos directos. Se espera que en las próximas semanas se realicen mesas de diálogo para evaluar las medidas de mitigación propuestas por la empresa encargada.
