El Congreso del Estado de Sonora aprobó este 8 de octubre de 2026 una nueva ley catastral, desatando un intenso debate legislativo ante la preocupación de diversos sectores por un posible incremento en el impuesto predial. La sesión, marcada por posturas encontradas, puso sobre la mesa las implicaciones económicas que esta reforma podría tener para los propietarios de inmuebles en la entidad.
Durante la discusión, legisladores de oposición manifestaron su rechazo a los términos de la propuesta, argumentando que podría derivar en una carga fiscal excesiva para las familias sonorenses. La discusión se centró en la metodología de actualización de valores catastrales, la cual, según los críticos, carece de la transparencia necesaria para evitar abusos en la recaudación municipal.
"Es un silencioso ataque a la propiedad privada que podría derivar en un predialazo", afirmó la diputada Carmen Alonso durante su intervención en el pleno.
Por su parte, los legisladores que respaldaron la iniciativa defendieron que la actualización es necesaria para fortalecer las finanzas públicas y mejorar la prestación de servicios básicos en los municipios. Aseguraron que la ley contempla mecanismos de protección para los sectores más vulnerables y que no se trata de un aumento automático, sino de una regularización técnica de los valores de mercado.
Implicaciones y contexto legislativo
La nueva normativa establece criterios más estrictos para la valoración de predios, integrando herramientas tecnológicas para la georreferenciación y el cálculo preciso de los valores unitarios de suelo y construcción. Este cambio busca homologar los procesos catastrales en todo el estado, eliminando discrecionalidades que históricamente han afectado la equidad tributaria.
El debate continuará en las próximas semanas mientras se definen las leyes de ingresos municipales, donde se determinarán las tasas aplicables para el ejercicio fiscal 2027. La ciudadanía se mantiene a la expectativa de cómo impactará esta reforma en sus bolsillos, mientras los ayuntamientos se preparan para implementar los nuevos lineamientos técnicos aprobados por el Poder Legislativo.
