El Senado de México aprobó este martes, mediante mayoría calificada, una reforma constitucional de gran calado que impondrá una restricción estricta a los futuros aspirantes a cargos de alto nivel: deberán poseer exclusivamente la nacionalidad mexicana. Esta medida aplica para quienes busquen la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La iniciativa, remitida ahora a los congresos locales para su ratificación definitiva, fue avalada con 86 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones. La reforma modifica tres artículos de la Constitución para estipular que los candidatos deben ser mexicanos por nacimiento y "no tener ni adquirir otra nacionalidad".

De acuerdo con el texto aprobado, si un aspirante posee otra ciudadanía, deberá renunciar a ella de manera formal antes de solicitar su registro electoral, acreditando que el vínculo jurídico con el otro Estado ha cesado efectivamente. Además, durante el ejercicio del cargo, los funcionarios no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocarla ante autoridades extranjeras, utilizar pasaportes de otro país, ejercer derechos políticos inherentes a esa ciudadanía extranjera ni acogerse a su protección diplomática.


Implementación y Debate

Estos cambios no serán retroactivos y no afectarán a quienes ya ejerzan alguno de los cargos mencionados al entrar en vigor la reforma. Su aplicación efectiva comenzará a partir del proceso electoral de 2028. Una vez publicada, el Congreso tendrá 90 días naturales para adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que los estados deberán armonizar sus propias constituciones en el mismo plazo.

La iniciativa fue presentada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 30 de agosto y obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados el 22 de septiembre. Morena y sus aliados defendieron la medida como una condición excepcional vinculada a la soberanía nacional para quienes encabezan los poderes ejecutivos, asegurando que no elimina la doble nacionalidad de manera general.

Por el contrario, los partidos de oposición (PAN, PRI y MC) sostuvieron que esta exigencia restringe injustamente los derechos políticos de los mexicanos con doble nacionalidad, afectando particularmente a quienes emigraron o nacieron en el extranjero.


Rechazo Empresarial

La American Society of Mexico (Amsoc), asociación que representa a empresarios estadounidenses en México, expresó su rechazo a la reforma constitucional. En un comunicado, cuestionaron que la medida se aprobara sin consultar a los posibles afectados y sin un espacio de parlamento abierto. "La doble nacionalidad no cancela la identidad mexicana, la lealtad al país ni la participación de sus ciudadanos en la vida pública", afirmaron, añadiendo que "las diferencias de nacionalidad no deben convertirse en motivo para presumir deslealtad".

El debate sobre la binacionalidad de los gobernantes no es exclusivo de México; recientemente se ha presentado en otros procesos electorales de América Latina, con cuestionamientos de la oposición en Ecuador y Colombia por posibles conflictos de intereses de sus actuales o potenciales líderes con nacionalidad estadounidense. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere ahora el respaldo de la mayoría de las legislaturas de las 32 entidades federativas para su publicación oficial.


Información basada en la nota original publicada por Noticias DW.